Es una medida extrema que analiza Schiaretti. Sería similar a la de los jubilados provinciales. No descartan la cuasimoneda.
Enfrentada nuevamente con el Gobierno nacional hasta un punto del que hoy parece no tener retorno, la Provincia estudia extender el ajuste del gasto sobre los salarios de los trabajadores de la administración pública. Ésta sería una medida extrema a tomar si fracasan esta semana las negociaciones con la Nación para el envío de fondos y no se pueden sortear las dificultades jurídicas que trabarían un eventual reflote de los bonos Lecor.
La posibilidad de emitir un bono avanza firme. Hay dos alternativas: un bono similar a lo que fueron las Cecor de 1995 o las Lecor de 2001, de circulación similar al peso, o un título de deuda como el entregado a los jubilados, que no tendrá poder circulatorio ni se podrá usar para pagar compras o servicios, según adelantó a La Voz del Interior una fuente que participa de las negociaciones. El gobernador Juan Schiaretti estará hoy en la Casa Rosada, en un acto en el que se adjudicará el tramo Leones-Tortugas de la autopista Córdoba-Rosario.
Fuentes provinciales reconocieron que la gestión debe ser contundente: o vuelve con plata o no, sin más promesas de comisiones. “Más allá de las dificultades transitorias que haya, uno no puede detenerse y quedarse inmovilizado; hay que enfrentarlas y resolverlas”, dijo ayer Schiaretti en Pozo del Molle.
Lo que se estudia. Una alternativa que analiza la Provincia es extender los títulos de cancelación previsional autorizados por la reciente ley 9.504, de Emergencia Previsional, a la franja de salarios más altos que se cobran en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunque sobre este sector es difícil que se pueda avanzar.
No está decidido aún ni el monto salarial desde el cual comenzarían las quitas ni los porcentajes. Entre los jubilados, son afectados quienes cobran más de cinco mil pesos, con un recorte de 22, 25 ó 27 por ciento, según la escala de los haberes. La Provincia paga alrededor de 380 millones de pesos mensuales en salarios, a unos 100 mil agentes públicos.
Semejante medida tiene un grave inconveniente: achicar salarios implica congelar el consumo en la provincia y, en un contexto inflacionario, un recorte salarial es un castigo cercano a la incineración política. Los gremios, sin conocer detalles de fondo, anticiparon anoche que rechazan el pago en bonos.
La única “a favor” con la que cuenta esta medida es el artículo 36 de la Ley de Emergencia Previsional, que permite al Ejecutivo “extender esta modalidad de pago a otros beneficiarios”. La segunda alternativa es la reedición de las letras de cancelación de obligaciones provinciales (Lecop Córdoba o Lecor) o algo similar. Las Lecor fueron autorizadas por la Legislatura en diciembre de 2001 y rescatadas en 2003.
Llegó a haber en circulación 857 millones de pesos. La alternativa Lecor requeriría de una nueva ley y una declaración de emergencia económica y financiera, lo que sometería otra vez al oficialismo a la penuria de juntar los votos en la Unicameral y a la previsible resistencia de los gremios en la calle. Además, la Ley de Responsabilidad Fiscal a la que adhirió la Provincia le prohíbe de manera expresa la emisión de “títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal”.
A esto se agrega que Córdoba suscribió en 2003 el Programa de Unificación Monetaria con el cual el Banco Central, en conjunto con el Fondo Monetario, rescataron todas las cuasimonedas que circulaban en el país. De hecho, Córdoba todavía debe 193 millones de pesos en concepto de Boden 2011, el bono que la Nación ofreció para que las provincias rescaten las cuasimonedas.
La puesta en marcha de estos bonos implicaría derogar la emergencia previsional y dar marcha atrás con el recorte. “Si hay bonos, que sean para todos”, razonan en el Ejecutivo.
La Provincia insiste en mantener el plazo de espera hasta el 15 de setiembre, para que la Nación gire los fondos por el déficit de la Caja de Jubilaciones, el acuerdo del Programa de Asistencia Financiera (PAF) y la autorización para endeudarse por 250 millones de dólares.
Fuentes de la negociación reiteraron a este diario que en el Ministerio de Economía “duerme” el pedido de autorización para emitir dos títulos de deuda, uno destinado al mercado interno y otro al externo, y aseguraron que ya hay inversores locales interesados.
Intimarán a Anses El director legal del defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, dijo que hoy el ombudsman intimará a la Anses para que regularice la deuda con la Caja cordobesa.
Crítica. La diputada kirchnerista Patricia Vaca Narvaja tildó de “actitud próxima al chantaje” la posibilidad de que Córdoba reedite los bonos. Culpó al desmanejo del Gobierno provincial.
